Todas las dudas sobre el plan independentista de Puigdemont

Economia, EXPANSION

El independentismo explicará hoy cómo pretende hacer un referéndum con “garantías”.

Los independentistas son muy conscientes de que su plan genera dudas y no únicamente entre sus detractores. Entre ellos ¿cómo es posible hacer una votación “legal” que supone incumplir con la Constitución, que impide los referéndums que no cuenten con el apoyo del Gobierno central? ¿Se puede hacer una votación vinculante, sin censo, autoridad electoral, con voluntarios y no implicando a los empleados públicos? ¿Cómo se podrá votar en aquellos municipios donde su equipo de gobierno local no quiera implicarse en la votación? ¿Y, si el referéndum se acabase haciendo a última hora, qué participación sería necesaria para considerarlo legítimo?

Conscientes de todos estos interrogantes, el independentismo tratará hoy de de pasar página al secretismo en dos actos oficiales. A las 12:30 horas, los dos grupos parlamentarios independentistas -Junts pel Sí (JxSí) y la CUP- presentarán la ley que, según dicen, permitirá al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firmar la convocatoria del referéndum unilateral anunciado para el 1 de octubre. En el acto, no asistirán Cs, PSC y PP, y Podemos y sus aliados se han dividido una vez más.

Por la tarde, Puigdemont y su número 2, Oriol Junqueras, harán un evento en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en Barcelona, donde explicarán las “garantías” que, según sus palabras, se ofrecerán a cualquier persona o institución que colabore en el referéndum: ayuntamientos, voluntarios, proveedores y empleados públicos.

Pese a todos los detalles que se darán hoy, el Gobierno central ya ha dicho por activa y por pasiva que no permitirá que esta votación tenga lugar, ya que supone desobedecer la Constitución, aunque no ha indicado cómo lo hará. Por su parte, el independentismo no quiere explicar qué ocurrirá si esta votación es suspendida y dice que sólo contempla dos escenarios: si gana el sí o el no a la secesión en el referéndum. En el primer caso, se abriría un “proceso constituyente”, y en el Parlament se aprobaría una ley que regularía la “transitoriedad” y el funcionamiento de un eventual Estado independiente catalán hasta la aprobación de su Constitución. Cuando faltan menos de tres meses para el 1 de octubre, hay un sinfín de incógnitas que hasta hoy los independentistas no han clarificado.

Legalidad: ¿Cómo puede ser legal una votación que se sitúa al margen de la Constitución, el Estatut y el código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia? A este órgano asesor, que depende del Consejo de Europa, la Generalitat le dijo que, en el caso de Cataluña, sólo puede hacerse dentro de la Constitución. Ante este contexto, la argucia que han encontrado los independentistas es apelar a resoluciones de la ONU y La Haya que hablan del derecho de autodeterminación, y que España ha reconocido en sus tratados internacionales, según publicó ayer La Vanguardia. La ley del referéndum, además, intentaría blindarse, situándola por encima de cualquier norma con la que choque.

Participación: Si la votación acaba celebrándose, en la consulta no vinculante sobre la independencia que tuvo lugar en el 9 de noviembre de 2014 -el 9-N-, participaron 2,3 millones de personas. En las elecciones catalanas de 2015, lo hicieron el doble: 4,1 millones, el 77,44% del censo. Aunque se plantearon en clave plebiscitaria, JxSí y la CUP alcanzaron la mayoría absoluta, pero no el 50% de los votos y sin embargo, han mantenido su apuesta por la independencia. Los secesionistas aseguran que movilizar a 3,5 millones de catalanes sería todo un éxito pero, ¿cómo se puede hacer al margen de la ley, y movilizar al electorado que rechaza la secesión?

Censo y residentes en el extranjero: Es una competencia estatal, por lo que la Generalitat no puede acceder a él si la votación es unilateral. En el 9-N, los participantes se inscribieron justo antes de votar y traer la papeleta impresa de sus casas. La Generalitat puso en marcha un registro de catalanes que residen en el exterior, para evitar así movilizar a las embajadas, aunque Fiscalía lo está investigando e incluso ha interrogado a empleados públicos rasos que participaron en la contratación de una campaña publicitaria para difundirlo.

Autoridad electoral: La Junta Electoral depende del Estado, por lo que ahora se instaurará una Sindicatura Electoral, que se ocupará de distribuir el espacio público para colocar carteles y la cobertura en los medios públicos. También se habilitará una supuesta comisión de asesores internacionales, para darle un barniz de legitimidad.

Ayuntamientos: Es la Junta Electoral quien indica a los Ayuntamientos cómo tienen que colaborar en la votación y qué locales deben ceder para poder ser usados como puntos de votación. También son los entes locales quienes ponen a disposición de la Junta Electoral espacios públicos

Empleados públicos y voluntarios: La legislación electoral vigente asegura que en un proceso electoral se debe actuar con neutralidad y transparencia. La participación de voluntarios, procedentes de entidades independentistas, en los puntos de votación, no ofrece garantías.

Coherencia con el programa electoral: En sus programas electorales, JxSí yl a CUP prometieron una declaración unilateral de independencia. El pasado septiembre, Puigdemont hizo un giro y recuperó la idea del referéndum que, anteriormente, los partidos rupturistas habían descartado. Los Presupuestos de 2017 incluían partidas para hacer esta votación, aunque las declaró inconstitucionales el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano asesor de ámbito autonómico.

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