Avalancha de peticiones de información sobre Popular al BCE

Empresas, EXPANSION

Accionistas del banco estudian pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución.

El Banco Central Europeo (BCE) ha recibido una avalancha de peticiones de información de accionistas de Popular que demandan acceso a los informes y documentos de resolución de la entidad. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el organismo que preside Mario Dragui no pudo contestar ayer en plazo a estas peticiones. El BCE dijo “lamentar mucho” este retraso, que atribuye a “una carga de trabajo excepcional” por este alud de requerimientos, y remitió a los afectados a la semana que viene.

Como adelantó ayer EXPANSIÓN, sí que ha contestado ya a requerimientos de información la Comisión Europea, que se ha negado a explicar la venta de Popular para “no dañar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas” y “proteger la estabilidad y la política financiera y económica de la eurozona”. Los accionistas reclamaban la publicación del informe de Deloitte, el análisis completo del BCE, la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) y el informe sobre los activos de Popular de la JUR.

Las peticiones de información al BCE son similares y, de hecho, la Comisión se escuda en su respuesta negativa en que ha pedido algunos de los documentos a la entidad y que ésta ha rehusado publicarlos. El vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, aseguró el 8 de junio que “la razón [de la intervención] fue ron los problemas de liquidez. Había una fuga de depósitos”. Draghi respaldó la intervención, pero eludió entrar en detalles amparándose en la separación de funciones entre política monetaria y supervisión bancaria.

La responsable de supervisión del BCE es Danièle Nouy, quien dijo en el Parlamento Europeo que hay “margen para investigar si algunas personas usaron información privilegiada para tratar de protegerse mejor a los pequeños depositantes”. Tarea que derivó a la Justicia y supervisores españoles.

El despacho B. Cremades y Asociados, en representación de accionistas institucionales y minoritarios, recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si la Comisión Europea no reconsidera su postura. Esta acción se sumaría al recurso contra la resolución de la JUR que ya plantearon el 7 de agosto ante el TJUE y al que prevén plantear contra el Frob ante la Audiencia Nacional en septiembre. Además, estudian pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su venta a Santander mediante arbitraje o recurso contencioso administrativo.

La responsabilidad patrimonial del Estado, que suele plantearse cuando se alega que éste ha legislado mal y para la que hay un plazo de un año desde la resolución, puede aplicarse a juicio del bufete a las “irregularidades” en el proceso como la defensa institucional de la solvencia de Popular mientras se producía una fuga de depósitos de Administraciones Públicas.

Leave a comment

Back to Top