La morosidad bancaria desafía a la UE

5 DIAS, Opinión

La reducción de la morosidad bancaria se ha convertido en un serio reto para las autoridades europeas. Tanto las autoridades regulatorias (EBA), como las supervisoras (BCE) y las políticas (Ecofin) han puesto en marcha un conjunto de medidas para reducir la morosidad existente en los balances de las entidades de crédito europeas y potenciar con ello el crecimiento de la UE.

Andrea Enria, presidente de la EBA, cuantificaba a principios de año el importe de préstamos dudosos en la UE en casi un billón de euros. Esta cifra se plantea como un problema para la UE, aunque no podemos ignorar la gran dispersión de los niveles de morosidad entre los distintos países de la UE y entre las entidades, según sus diferentes modelos de negocio y la diversificación geográfica de sus actividades. Esta percepción de la EBA está en línea con las inquietudes del BCE que, por segundo año consecutivo, considera los elevados niveles de préstamos dudosos como una de sus principales preocupaciones. Esta inquietud le ha llevado a publicar una guía, de obligado cumplimiento para las entidades de crédito, para la gestión del riesgo de crédito y la realización de inspecciones a entidades con niveles de morosidad más elevados. Por su parte, durante la reunión de julio del Ecofin, los ministros de economía acordaron un plan de acción que solucione esta situación. El plan, que debe implantarse antes del verano de 2018, incorpora 14 medidas para fortalecer la supervisión a través de nuevos requerimientos regulatorios, favorecer al desarrollo de los mercados secundarios de préstamos dudosos y analizar los marcos de insolvencia en la UE, entre otros.

Aunque toda iniciativa que contribuya a reducir el nivel de préstamos dudosos es bienvenida, conviene prestar atención sobre tres aspectos abordados marginalmente en el mencionado plan del BCE. Primero, hay que tener en cuenta que la morosidad es un elemento inherente a la actividad bancaria. Segundo, la imposición de nuevos requerimientos regulatorios podría tener efectos colaterales no deseados que repercutan, por ejemplo, a los volúmenes de concesión de crédito. Y tercero, se echan en falta otras medidas de carácter macroeconómico que puedan contribuir a la reducción de la morosidad.

En primer lugar, debemos entender que la actividad principal de las entidades de crédito es la intermediación financiera entre agentes ahorradores y aquellos que necesitan fondos para financiar sus inversiones o gastos. Esta actividad conlleva algunos riesgos (principalmente los de crédito, interés y liquidez). El riesgo es, por tanto, un concepto ligado a la actividad bancaria y su gestión es la fuente principal de ingresos de las entidades.

El riesgo de crédito es la probabilidad de que una persona o empresa no sea capaz de devolver la financiación que se le ha concedido. Cuando un cliente no paga un préstamo, se convierte en un préstamo dudoso. Su existencia en el balance de los bancos tiene dos efectos inmediatos: el préstamo se convierte en un activo improductivo, es decir, no genera ingresos, pero sí genera gastos; y se produce un uso ineficiente del capital bancario (recurso escaso y caro). Por tanto, la existencia de estos préstamos tiene un impacto negativo inmediato en dos elementos muy relevantes para las entidades: la cuenta de resultados y el capital.

A pesar de los impactos comentados, la morosidad, entendida como el nivel de préstamos dudosos sobre la cartera total de préstamos, es un hecho inherente a la actividad bancaria y, siempre que se mantenga en niveles razonables, no debería ser un obstáculo para la financiación de familias y empresas. Por eso no debe interpretarse per se como un lastre para el crecimiento económico.

En segundo lugar, desde el inicio de la crisis, la regulación financiera se ha utilizado como una herramienta preventiva para evitar futuras crisis. No obstante, añadir mayores requerimientos regulatorios a las entidades no es necesariamente una buena solución a este problema de morosidad. Es más, en algunos casos podría ser perjudicial. La redacción de nuevas guías sobre concesión y gestión del riesgo de crédito, a cargo de la EBA, podría llevar a una homogeneización excesiva de los criterios de concesión de préstamos, lo que dificultaría el acceso a financiación a determinados colectivos.

Finalmente, debemos recordar que la reciente crisis económica está detrás del elevado número de empresas y hogares que han afrontado dificultades para atender sus obligaciones financieras. Más allá de las medidas legales o regulatorias, se echan de menos otras medidas estructurales o de impulso macroeconómico, que contribuyan a la recuperación económica de la UE, con el retorno a niveles de crecimiento y empleo aceptables, y que promuevan la reducción de la morosidad de los agentes económicos.

Pedro Cadarso es asesor de la Asociación Española de Banca.

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