El Frob tiene comprometidos todavía 900 millones por la herencia de los rescates bancarios

Empresas, EXPANSION

Jaime Ponce, presidente del Frob. P. MorenoEXPANSIÓN

En 2018 el Estado pagará 37 millones a CaixaBank por Banco de Valencia. El fondo tendrá que abonar 70 millones garantizados en Novagalicia y Catalunya Banc.

Después de 54.353 millones de euros de dinero público empleados en el rescate de buena parte del sector financiero español (sobre todo cajas de ahorros), aún siguen emergiendo nuevos costes relacionados con aquellas entidades. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) todavía tiene dotados casi 900 millones de euros en provisiones por garantías y esquemas de protección de activos que siguen drenando recursos del contribuyente. Así lo reflejan las cuentas anuales publicadas ayer por el organismo presidido por Jaime Ponce.

El Fondo contaba a 31 de diciembre de 2017 con un volumen de provisiones a largo plazo de 778 millones de euros, destinadas a sufragar posibles compensaciones para los actuales dueños de las entidades rescatadas y posteriormente privatizadas.

El Estado se comprometió en su momento a cubrir ciertas contingencias, lo que ahora le obliga a dotar hipotéticos agujeros futuros relacionados con el esquema de protección de activos (EPA) de Banco de Valencia (464,3 millones) y las garantías aportadas en Novagalicia (195,2 millones), Banco Gallego (94,8 millones), Catalunya Banc (22,4 millones) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD, 1,2 millones).

A estas dotaciones habría que sumar las provisiones a corto plazo dotadas por el EPA de Banco de Valencia, las garantías a Catalunya Banc, Novagalicia y el FGD, así como los potenciales costes del mecanismo de revisión de Banco Ceiss (antigua Caja España Duero, ahora integrado en Unicaja). En su conjunto, el Frob estima que tendrá que atender unos 110,9 millones de euros en los próximos meses.

Más de 37 millones para CaixaBank

Las garantías puestas a disposición por parte del Estado en su momento para incentivar a los posibles compradores interesados en quedarse con las cajas rescatadas siguen dando sorpresas. Así, 2018 será el primer año en el que se abonará una liquidación por parte del Frob en beneficio de CaixaBank a cuenta del EPA de Banco de Valencia. Este primer pago tendrá un importe de unos 37,2 millones de euros, según las estimaciones del organismo presidido por Jaime Ponce.

En el contexto de su venta al banco catalán, el Frob aceptó ofrecer un esquema de protección de activos que cubría el 72,5% de las pérdidas derivadas de una cartera que inicialmente tenía un volumen de unos 6.000 millones de euros. Las estimaciones de sus responsables anticipan que las pérdidas de este año en esa cartera obligarán al Estado a afrontar su primera factura efectiva.

Catalunya Banc (CX) es otra de las entidades que sigue haciendo emerger nuevos costes al contribuyente. A finales del ejercicio pasado, el Frob todavía tenía provisionados 83 millones de euros por garantías concedidas a BBVA y Blackstone, los actuales dueños de sus negocios bancario e inmobiliario, respectivamente. Durante el pasado año el Estado liquidó otros 38 millones de euros por garantías ejecutadas.

En el caso de Novagalicia, por su parte, la provisión del Frob para cubrir posibles deterioros en favor de Abanca (adquirido por el grupo venezonalo Banesco) asciende a 205 millones de euros. De algo menos de la mitad (unos 95 millones) es la dotación atesorada por parte del Estado para cubrir las garantías aportadas para ayudar a la compra de Banco Gallego por parte de Sabadell.

Tal y como desglosa el Frob en su contabilidad, el volumen total de provisiones todavía constituidas se ha podido reducir respecto al año anterior (desde los 14.000 millones hasta los actuales 900) gracias, entre otras razones, a la finalización de algunos planes de reestructuración como los de Liberbank, Caja3 o Banco Ceiss. El mecanismo de compensación de esta última entidad se dio por finiquitado en diciembre del pasado año tras la recompra total de la antigua caja por parte de Unicaja, por lo que el Estado ya considera «cumplido en su totalidad el compromiso de indemnización» asumido en su momento. La factura final de este mecanismo fue de 241 millones, según especifica el Frob. Los posibles costes relacionados con Ceiss no están resueltos del todo, ya que otro mecanismo público (el de revisión) sigue provisionado en el balance del fondo público.

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