El Supremo ataja el boom de las VTC al ratificar la relación de una por cada 30 taxis

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El Mercedes Clase S es el preferido por los directivos que usan Cabify. EXPANSION

La sala tercera del Tribunal Supremo avala la limitación de una licencia de vehículo de transporte con conductor (VTC) por cada 30 taxis. Cierra así la vía a las 100.000 solicitudes de licencia de VTC, de las que 50.000 corresponden a Cabify, cursadas en los días previos a la aprobación del real decreto ley con el que el Gobierno blindó las restricciones a los vehículos de plataformas como Uber.

Para el viaje regulatorio con el que el Gobierno de Mariano Rajoy limitó los vehículos de transporte con conductor (VTC) no han acabado haciendo falta las alforjas de un real decreto ley. El Tribunal Supremo acaba de fallar a favor de la imposición de una ratio de 30 taxis por cada VTC incluida en el real decreto 1057/2015. Desaparece así el riesgo de que el mercado quede completamente liberalizado e inundado de licencias de operadores como Cabify, como defienden Uber o la CNMC. Para evitar esta circunstancia, el Gobierno llegó a aprobar un real decreto ley que elevó a rango legislativo la relación de 30 a 1 a favor del taxi y protegía al sector de una posible sentencia desfavorable del Supremo.

La sala tercera de lo contencioso administrativo del Supremo ha avalado la imposición de las limitaciones a las VTC «siempre que sean necesarias y proporcionadas» como forma de garantizar el equilibrio entre esta forma de transporte y el taxi, que es un servicio de interés general. Los límites del real decreto, indica, son ajustados a derecho y no discriminatorios.

El tribunal también ha avalado la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Sin embargo, el Supremo sí ha dado la razón a la CNMC, a Uber y a la asociación de empresarios Unauto en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a esta actividad. Esta medida «excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique». Por este motivo, anula la limitación.

Con estas decisiones, los magistrados resuelven los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Cabify contra el real decreto de 2015 que modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y estableció restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, a favor del decreto, se encontraban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o la Asociación Española de la Economía Digital.

Pese a la aprobación del real decreto 3/2018 que elevó a ley la imposición de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, el Supremo no ha querido declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso contra el real decreto de 2015.

En su periodo de vigencia, de dos años y cinco meses, el real decreto ha podido «originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos». Por este motivo, el tribunal ha querido pronunciarse sobre su contenido y establecer con claridad la legalidad de la ratio impuesta por el Gobierno.

Si en España hay unas 67.000 licencias de taxi, el número de permisos de VTC ronda los 6.000. La proporción está lejos del 30 a 1 porque se han ido liberando licencias que se solicitaron antes de la limitación de 2015. Eso sí, la relación actual no tiene nada que ver con lo que habría ocurrido si el Supremo hubiese dado carta blanca a las cerca de 100.000 licencias de VTC solicitadas en los días previos a la aprobación del real decreto ley. De las 100.000, Cabify pidió 50.000.

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