Duro Felguera afronta hoy una junta clave para su salvación

Empresas, EXPANSION

Sede de Duro Felguera.

Los Álvarez Arrojo, con el 24,3%, están en contra del acuerdo con los bancos.

Los accionistas de Duro Felguera están convocados hoy en Oviedo a la junta más importante en los 160 años de historia de la compañía. La asamblea decide si vota a favor de la ampliación de capital de 125 millones de euros. Si la colocación se realiza con éxito, los bancos ejecutarán su compromiso de reestructuración financiera, cuyo principal hito es una quita de la deuda del 75%, hasta dejarla en 140 millones de euros.

El voto representado en esta ocasión es clave. Tradicionalmente, el quórum en la junta de Duro Felguera se sitúa en el entorno del 50% del capital social. La compañía se arriesga a perder la votación si la familia Álvarez Arrojo, con el 24,3%, vota en contra. Duro Felguera ha hecho todo lo posible para lograr la mayor asistencia y delegación de voto. El presidente de la compañía, Acacio Rodríguez, anticipó esta semana que la familia Arias, con un 10%, se ha pronunciado a favor de la ampliación. El tercer mayor accionista es la propia compañía, con un 10% en autocartera. Como accionista individual también destaca la familia Ybarra Careaga, con un 5%. El resto se diluye entre accionistas minoritarios con participaciones que, en ningún caso, suman más de un 0,5% de la compañía.

Los Álvarez Arrojo han votado sistemáticamente en contra de la ampliación y han sido vetados por los bancos a pesar de que es una colocación con derecho de suscripción preferente. Ante estas circunstancias, los mayores accionistas de la empresa han firmado una opción de venta de su participación a un sociedad controlada por Mauricio Treviño Zambrano, un inversor mexicano desconocido en España, entre cuyas primeras decisiones figura denunciar a Duro Felguera ante la CNMV por ocultar información sobre el pleito de la empresa con Hacienda, que le puede pasar una factura de 123 millones.

Este riesgo formará parte del contenido del folleto de la ampliación, junto con los arbitrajes por 300 millones de euros y la querella de la Audiencia Nacional.

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