El Govern quiere hablar con Sánchez del derecho a decidir y de la «represión»

Economia, EXPANSION

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, el pasado 7 de junio el Palau de la Generalitat en Barcelona. Quique GarcíaEFE

Artadi anuncia que el Govern quiere hablar con Moncloa del derecho a decidir y la represión del Estado y anuncia que estudiará si es legal el decreto-ley que aprobó Montoro para facilitar el traslado de empresas fuera de Cataluña.

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere incluir en la reunión que tienen prevista dos temas que considera fundamentales: el derecho a decidir y la «represión» del Estado.

En rueda de prensa este lunes tras dos reuniones de Torra con líderes sindicales y patronales, Artadi ha defendido «la voluntad de millones de catalanes de dejar de ser españoles» y que no es algo que pueda soslayarse en el encuentro de Sánchez con Torra.

Artadi descarta que Torra focalice el encuentro en las 46 demandas que Carles Puigdemont formuló a Mariano Rajoy en una reunión que mantuvieron cuando eran presidentes: para el Govern, son ya «46 incumplimientos expuestos y conocidos», y ahora quiere poner el foco en el derecho a decidir.

Estudia la legalidad del traslado de empresas

Artadi también ha anunciado que el Govern está estudiando si el decreto del Gobierno central de octubre de 2017 que facilitó el traslado fuera de Cataluña de sedes sociales de empresas está dentro de la «legalidad», ya que considera que han podido vulnerarse los derechos de los accionistas.

Artadi, que ha comparecido tras la reunión que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mantenido con los líderes sindicales Javier Pacheco (CC.OO.) y Camil Ros (UGT) y con los dirigentes patronales Josep González (Pimec), Ramon Adell (Fomento del Trabajo) y Helena de Felipe (Fepime), ha argumentado que el decretó facilitó que el traslado de una sede social se aprobara solo por voluntad de los directivos de empresas sin pasar por la junta de accionistas, y que esto podría vulnerar «la propiedad privada de los accionistas que participan en las empresas».

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