Acabar con los desahucios abusivos y apurar la reforma hipotecaria

5 DIAS, Opinión

Las conclusiones que el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ha presentado sobre el tratamiento que deben dar los jueces españoles a las cláusulas abusivas en las ejecuciones hipotecarias puede traer como consecuencia la anulación de miles de desahucios. El criterio del abogado general, que suele ser seguido por el alto tribunal cuando dicta la sentencia, señala que las cláusulas que permiten iniciar desahucios tras el impago de una sola cuota no solo deben ser anuladas por abusivas –algo que ya están haciendo los tribunales en España–, sino que tampoco pueden ser suavizadas por el juez y deben tenerse directamente por no puestas. Ello puede implicar anular todos los desahucios iniciados por contratos que contengan ese tipo de cláusulas, muchos de ellos actualmente paralizados a la espera de que el tribunal europeo tome una decisión.

La medida del Tribunal Supremo de plantear esta cuestión al Tribunal de Luxemburgo ha sido un gesto de prudencia, tras el revés recibido con el tratamiento que los jueces europeos dieron a las cláusulas suelo en España. La clave de lo que plantea el tribunal español es si los jueces deben considerar la cláusula abusiva como no puesta en el contrato y con ello eliminar la posibilidad del desahucio o si deben sustituir el texto nulo por otro aceptable. Tras las conclusiones del abogado general, todo apunta a que el tribunal europeo se inclinará por la primera opción.

Si ello se confirma, las entidades financieras deberán buscar otras fórmulas para resolver los casos afectados, bien a través de la reclamación de la deuda a través de otro procedimiento judicial o bien mediante acuerdos y refinanciaciones. Este horizonte hace más necesaria que nunca una regulación clara sobre esta cuestión, contemplada en la reforma hipotecaria que el Congreso lleva cerca de un año tramitando, y que acumula ya dos años y medio de retraso, motivo por el cual España afronta una multa de la UE. En ese texto se prevé elevar el montante de deuda impagada a partir de la cual se puede iniciar una ejecución hipotecaria, de forma que resulte más equitativa para la parte más débil del contrato y desbloquee un nudo gordiano que está colapsando los tribunales y dañando el mercado hipotecario. Se trata de una cuestión importante y debería ser aprobada cuanto antes.

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