El 'boom' de octogenarios dispara el interés de las farmacias por vender a domicilio

COTIZALIA, Economia

16/09/2018 05:00

España tiene 2,89 millones de personas con más de 80 años. Muchas de ellas sufren varias patologías a la vez, toman una decena de fármacos distintos (o más), tienen problemas de movilidad, se sienten solas, pierden su autonomía, no se aclaran con las cajas de medicamentos y echan en falta un poco de atención. Los farmacéuticos han encontrado aquí un nicho donde aportar valor con servicios como la revisión de botiquines o los programas de detección precoz, pese al enfado de otros colectivos profesionales.

El 87% de los mayores desea vivir en su casa el mayor tiempo posible“, destaca el vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Vicente Baixaulí. Pero el sistema sanitario debe cambiar su enfoque para atender a un colectivo cada vez más amplio, con enfermedades crónicas y con un alto grado de dependencia. Los farmacéuticos quieren que se cuente con ellos para abordar este reto, o así lo han manifestado en el congreso de atención domiciliaria organizado esta semana por Cofares en Santander.

No lo tienen fácil. Para empezar, sólo la legislación vasca —y dentro de poco, la madrileña— contempla la posibilidad de que las farmacias repartan medicamentos a domicilio, ordenen las cajas para evitar un uso irracional o despilfarro de las pastillas y velen por el seguimiento farmacoterapéutico. Tampoco existe un sistema de financiación claro, ninguna estrategia a nivel nacional ni voluntad política para dar carta blanca a este tipo de servicios, si bien hay algunas comunidades autónomas explorando esta vía (como Comunidad Valenciana o Extremadura).

Los farmacéuticos quieren repartir a domicilio, ordenar los botiquines y evitar el despilfarro de pastillas

¿Estaría financiado con fondos públicos? ¿Es gratis para el paciente? ¿Deben entran en juego las mutuas? Demasiadas preguntas y pocas certezas para un colectivo que además se encuentra con la oposición frontal de otros profesionales sanitarios (véase enfermeros) que ven peligrar sus competencias. “Si la administración pública quiere financiar ese servicio, que saque más plazas dependientes del sistema público” y no de un “negocio” como es la oficina de farmacia, opina el Consejo General de Enfermería.

“Quien no quiera ver que la cooperación con otros profesionales aporta valor, está anclado en el pasado. Existe una desconfianza injustificada”, sostiene Lluís Triquell, farmacéutico, médico y director de Antares Consulting. Convertir la revisión de botiquines en una guerra de competencias es absurdo porque los farmacéuticos suman, pero no reemplazan, añade Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Más del 70% de los octogenarios tiene problemas de movilidad y sufre tres patologías a la vez en el mejor de los casos, recuerda.

Los mayores de 80 años hoy suponen un 6,3% de la población española, según los últimos datos del INE (2017). Los jubilados (+65) ya representan un 19,2% del total y su esperanza de vida aumenta mientras la natalidad cae en picado, poniendo a prueba las costuras del sistema. “El reto demográfico debe ocupar la agenda política y social de los próximos años (…) Los farmacéuticos tienen una importante tarea como colectivo sanitario más cercano a las personas mayores”, defiende el presidente de la cooperativa farmacéutica Cofares, Eduardo Pastor.

“Los ancianos nos piden que nos pongamos de acuerdo. Nuestra profesión tiene que evolucionar”, añade Pastor sin entrar en quién debe sufragar los costes del servicio. La falta de adherencia al tratamiento, el mal uso de los fármacos o los problemas derivados de ello —causantes de un tercio de los ingresos en urgencias— son algunos de los retos actuales, explica Baixaulí (SEFAC).

País Vasco, un caso inédito

“Muchas veces, las ideas ya están inventadas y solo hay que copiarlas”. Pastor se refiere al modelo del País Vasco, la única región de España donde médicos, enfermeros y farmacéuticos se han puesto de acuerdo para repartir fármacos en las casas de los colectivos más vulnerables.

Los farmacéuticos quieren ofrecer servicios de valor añadido, como pruebas médicas o reparto a domicilio. (EFE)Los farmacéuticos quieren ofrecer servicios de valor añadido, como pruebas médicas o reparto a domicilio. (EFE)

El gobierno autonómico ha puesto en marcha un proyecto piloto dirigido a diabéticos con un presupuesto de 30.000 euros. Los médicos y enfermeros detectan a las personas que cumplen los requisitos —con diabetes tipo 2, polimedicados, mayores de 65 años— y los mandan a las farmacias. Allí deben rellenar un formulario de consentimiento informado para que los farmacéuticos puedan acudir a sus domicilios, velar por la adhesión al tratamiento y entregar los medicamentos.

No es la primera iniciativa de reparto a domicilio financiada por esta comunidad autónoma, cuyo presupuesto en sanidad es muy superior al de sus homólogas. Hace nueve años, País Vasco impulsó la colaboración entre profesionales sanitarios y farmacéuticos con el programa de mejora del uso de medicación —dirigido a 2.500 personas dependientes beneficiarias del servicio de ayuda domiciliaria—, al que ha destinado 352.200 euros este año. “Es cuestión de prioridades. Si hay voluntad política, sale adelante”, defiende el director general de Farmacia del gobierno vasco, Iñaki Betolaza.

Pero no todos cuentan con recursos suficientes para ello, rebate el director de Salud Pública de Castilla y León, Agustín Álvarez. Su comunidad autónoma tiene una de las poblaciones más envejecidas de toda España, con una tasa de dependencia cercana al 38% y una pérdida de habitantes superior a 400.000 personas en apenas doce años. El 26% de sus 1.622 farmacias está situado en municipios con menos de 500 vecinos, lo que explica que muchas de ellas no sean viables económicamente y necesiten subvenciones públicas para subsistir.

Las farmacias vascas reciben fondos públicos para sufragar el coste del servicio, al tiempo que fidelizan clientes gracias al valor añadido que ofrecen. “Hay que trabajar para que las ciudades y los pueblos sean más amables para la gente mayor (…) Basta con ponerse de acuerdo y saber comunicárselo a la sociedad, un aspecto en el que hemos hecho agua”, admite Ángel Garay, miembro del Consejo de Colegios de Farmacéuticos en Guipúzcoa.

“Ha habido personas que han salvado la vida gracias a la intervención del farmacéutico en los domicilios”, añade. Tanto Garay como Iñaki Betolaza relegan el malestar de los médicos y enfermeros al ámbito sindical y aseguran que no existe ningún problema entre los profesionales vascos. Por su parte, los enfermeros de SATSE temen intrusismo y acusan a las farmacias de querer ofrecer “unos servicios asistenciales para los que no tienen respaldo legal ni competencias“.

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