CCOO desmiente a Sánchez: no ha negociado con los sindicatos reducir los contratos

COTIZALIA, Economia

13/11/2018 19:00Actualizado: 13/11/2018 19:43

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes que reduciría los tipos de contratos a tres, a saber, indefinido, temporal y de formación y aprendizaje. Fue la gran novedad que puso sobre la mesa el presidente en materia económica y lo que ha provocado es un gran malestar en los sindicatos, que lamentan que el presidente haya lanzado este anuncio sin siquiera negociarlo en las mesas de diálogo con los agentes sociales. “Nos ha sorprendido el anuncio porque no está formando parte de las mesas”, lamenta el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en declaraciones a este periódico.

El Gobierno había acordado con los agentes sociales mantener unas conversaciones discretas para no boicotear los avances, algo que tanto los sindicatos como la patronal había cumplido a rajatabla. Sin embargo, el presidente se saltó su propio pacto anunciando una medida que no solo no está negociada en las mesas de diálogo, sino que ni siquiera forma parte de las demandas de los sindicatos, que consideran que no es prioritaria para luchar contra la temporalidad. Por otro lado, el Ejecutivo no termina de derogar la reforma laboral, ni siquiera “los aspectos más nocivos”, como lleva meses prometiendo, lo que está generando cierta inquietud en los sindicatos.

“El problema de la temporalidad no depende del número de contratos”, explica Sordo, “sino que es la utilización sistemática en fraude de ley de los contratos de obra y servicio y el eventual por causas de producción”. Actualmente las empresas utilizan la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, lo que supone vulnerar el estatuto de los trabajadores. “En la práctica, las empresas tienen grandes bolsas de temporalidad a las que recurren cuando quieren reducir su plantilla”, denuncia Sordo. De ahí que la simplificación de la contratación difícilmente pueda ayudar a reducir la precariedad del mercado laboral español. Los contratos temporales seguirán existiendo y las empresas los seguirán usando incumpliendo la ley, consideran los sindicatos. Por ese motivo, piden estudiar otras vías para luchar contra la precariedad que sean más efectivas.

La temporalidad no depende del número de contratos, sino de la utilización sistemática en fraude de ley de los contratos temporales

Para CCOO la urgencia pasa por reforzar la causalidad en los contratos temporales y por mejorar la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social para garantizar que las empresas cumplen la ley. “Hemos avanzado en medidas para mejorar la Inspección de Trabajo, no se ha tratado la posibilidad de reducir el número de contratos”.

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Además, los sindicatos y la patronal han solicitado al Gobierno que ponga en marcha una prestación pública que permita a las empresas reducir la jornada de trabajo a sus empleados durante las fases de crisis. Esta medida estaba acordada por los agentes sociales en su IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado el pasado mes de junio, pero el Gobierno es reticente a aceptarlo.

El Gobierno ha cabreado ya a los dos grupos que quería proteger con su política económica y fiscal: los asalariados y los autónomos

Esta prestación supondría una ayuda del Estado para cubrir el salario que dejarían de pagar las empresas a sus trabajadores tras recortarles la jornada. De esta forma, las compañías podrían ajustar su producción en épocas de crisis sin la necesidad de reducir sus plantillas. “Este tipo de medidas salvó miles, por no decir millones de empleos en Alemania durante la crisis”, señala Sordo. Sindicatos y patronal ven con buenos ojos esta medida, pero el Ministerio de Trabajo todavía no ha aceptado negociarla en las mesas de diálogo.

Este revés de los sindicatos supone un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez justo antes del inicio de la campaña electoral en Andalucía. El enfado de CCOO se une al de las asociaciones de autónomos por la voluntad del Ejecutivo de subir las cuotas a la Seguridad Social de este colectivo con el objetivo de recaudar 1.000 millones de euros más. De esta forma, el Gobierno ha cabreado a los dos grupos que quería proteger con su política económica y fiscal: los asalariados y los autónomos.

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