El Estado se endeudará este año en otros 30.000 millones de euros

COTIZALIA, Economia

12/01/2019 05:01Actualizado: 12/01/2019 10:14

La financiación del Tesoro entra en una nueva fase, y no solo porque en 2019 ya se habrán agotado, prácticamente, los vientos de cola en forma de continuas bajadas de los tipos de interés, lo que ha permitido al Tesoro financiarse cada año más barato.

Aunque los tipos de interés seguirán por los suelos, el Gobierno ha previsto que este año los gastos financieros se sitúen en 31.449 millones de euros, el 2,6% del PIB, lo que representa una rebaja de apenas el 0,5% respecto del año anterior. Muy lejos, en cualquier caso, de los 38.660 millones que se llegaron a pagar en 2013, pero también a años luz de los 17.474 millones que se pagaban hace una década, cuando la deuda pública era la mitad.

El agotamiento de las rebajas abruptas en el pago de intereses, que ha contribuido a reducir el déficit público, coincide, además, con que el eurosistema, a través del Banco de España, ya controla el 22,3% del endeudamiento público, lo que supone algo más de 214.200 millones de euros. Lo singular no es la cifra, que también, sino que refleja un cambio histórico en los tenedores de la deuda en unos momentos en que se empieza a observar un cambio de tendencia.

La banca privada residente, que en los años más duros de la crisis llegó a controlar más de un tercio de la deuda pública, el 35%, huye ahora de las emisiones del Tesoro. Hasta el punto de que su participación en el stock de deuda ha cerrado el año en un histórico 16,9%. Es decir, 162.700 millones de euros. Por el contrario, la deuda en manos de no residentes sigue creciendo hasta rozar ya el 45% del endeudamiento público. En total, algo más de 430.000 millones de euros.

Aunque la banca empezó a vender deuda española en plena recesión, el punto de inflexión se produjo en 2015, cuando el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha sus diferentes programas de compra de activos, que han supuesto en la práctica liberar a la banca de tener que adquirir títulos públicos que hoy están en manos del banco central y sus satélites nacionales. En concreto, algo más de 2,6 billones de euros sumando todos los programas (casi dos veces y media el PIB de España), y que han permitido a la banca invertir en activos más rentables.

No en vano, la rentabilidad de la deuda pública sigue bajo mínimos. Apenas un 0,65% de media en el caso de las nuevas emisiones, y un 2,39%, según datos del Tesoro, si se tiene en cuenta el conjunto del endeudamiento público. Por lo tanto, muy lejos de cerca del 5% en que llegó a situarse el tipo de interés medio durante los años anteriores a la crisis.

Se trata de un nivel históricamente bajo que ha permitido abaratar el coste del servicio de la deuda pese a que los continuados déficits públicos han obligado al Tesoro Público a acudir al mercado de forma masiva para obtener financiación.

Tan solo el año pasado, el Estado, según las últimas previsiones, pidió prestados 213.687 millones de euros. De esa cifra, algo más del 16%, unos 35.000 millones de euros, corresponden a emisiones netas, mientras que el 84% restante tiene que ver con renegociaciones y amortizaciones. Y el principal comprador ha sido, precisamente el BCE, que en 2019, aunque deje de adquirir bonos directamente en el mercado, continuará invirtiendo los títulos que obran en su poder, lo que garantiza la liquidez y, sobre todo, la existencia de tipos extremadamente bajos que abaraten la financiación.

Es decir, el banco central continuará siendo el principal operador en el mercado de bonos, pero a medida que vaya normalizando su política monetaria tenderá a reducir su cartera de títulos públicos, lo que en teoría debería meter presión a los tipos de interés. Precisamente, el escenario que más preocupa al Tesoro teniendo en cuenta que el volumen de deuda pública en circulación se sitúa muy cerca del 100% del PIB y con una fuerte resistencia a la baja.

30.000 millones más de deuda

Tan solo en 2019, y dando por bueno que el déficit de todas las administraciones se sitúe en alrededor del 2% (consenso de los analistas), el Tesoro tendrá que pedir en términos netos unos 30.000 millones de euros, de los cuales unos 24.000 millones corresponden a la financiación del desequilibrio fiscal y el resto a la emisión de activos financieros.

Los 35.000 millones de euros en nuevas emisiones registrados el año pasado —el nuevo endeudamiento— suponen unos 5.000 millones menos de lo previsto inicialmente y 10.000 millones menos que un año antes, lo que se explica, fundamentalmente, por la reducción del déficit público, que habrá pasado, si se cumplen las estimaciones, del 3% al 2,7% del PIB. Cada décima de producto interior bruto son unos 1.200 millones de euros.

La cifra bruta de endeudamiento (amortizaciones y nuevas emisiones), en todo caso, sigue siendo excepcionalmente elevada, y todavía no se aleja mucho de los 250.000 millones que llegó a pedir prestados el Estado en los años más duros de la crisis. La diferencia está en que como los tipos de interés son sensiblemente inferiores, el servicio de la deuda habrá rondado el año pasado los 30.000 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior pese a que el Tesoro ha tenido que financiar 35.000 millones más de déficit.

Es por eso por lo que el Tesoro confía ahora en que las agencias de ‘rating’ revisen al alza la calificación de España, lo cual debería abaratar el pago de la deuda. La prima de riesgo se mueve en el entorno de los 125 puntos básicos y solo una revisión al alza del ‘rating’ podría estrechar ese diferencial. El Tesoro, sin embargo, sigue confiando en que esa revisión llegue si se despeja el horizonte económico con la aprobación de los presupuestos del Estado para 2019, lo cual, como se sabe, está en el alero.

Lo cierto, sin embargo, es que el pasado no garantiza el futuro. Y las incertidumbres políticas, junto al fin del programa de compras del BCE y los ensanchamientos del diferencial con Alemania marcarán en 2019 la financiación del Tesoro, cuya estrategia en los últimos años ha pasado por aumentar la vida media de la deuda hasta alcanzar los 7,49 años, ya bastante por encima de los 6,2 años que llegó a registrar en 2012 en plena tormenta financiera, cuando la salida de inversores puso al límite al Tesoro. Ahora, esos inversores se reúnen en Fráncfort, sede del BCE, para sacar partido a la máquina de hacer billetes.

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