La guerra del taxi y los VTC no es un conflicto de transporte, sino de competencia

5 DIAS, Opinión

Cuando a finales de septiembre, el Gobierno aprobó un decreto ley para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y zanjar los crecientes problemas entre este sector y el colectivo del taxi no resultó difícil vaticinar que la norma generaría probablemente más problemas de los que pretendía resolver. La normativa, que ahora se tramita como proyecto de ley en el Congreso, traslada a las comunidades autónomas la potestad de regular esta actividad, lo que en la práctica supone multiplicar por 17 las reglamentaciones sobre el sector. El año ha comenzado ya con dos focos de conflicto, Madrid y Barcelona, donde el colectivo del taxi se ha declarado en huelga y se están viviendo momentos de alta tensión –incluido algún inaceptable episodio de violencia– en el marco del fuerte pulso que los taxistas sostienen con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. El sector acusa al Gobierno, y en esto no le falta razón, de haber agravado el problema al descentralizar su solución.

Entre las reivindicaciones que plantean los taxistas figuran aspectos como la regulación de la precontratación de las VTC –para evitar que recojan pasajeros directamente sobre la marcha, como los taxis– o el establecimiento de una tarifa mínima a sus servicios. Todos ellos deberán ser analizados por cada comunidad autónoma y resueltos a través de una regulación local que inevitablemente generará mercados compartimentados y amplificará los agravios comparativos. El Gobierno explica la decisión de transferir la regulación a las autonomías en el hecho de que el transporte urbano es competencia autonómica, lo cual es cierto. Pero olvida que la irrupción de los VTC en el mercado y su fricción con el sector del taxi es mucho más que una cuestión de movilidad, es un problema de competencia, y como tal debe ser legislado por el Ejecutivo central.

Más allá de los puntos concretos que han desatado los conflictos en Madrid y Barcelona, en la batalla que pelea el sector del taxi con los VTC subyace la negativa a aceptar la entrada de un nuevo jugador en un mercado que no pertenece a un colectivo en exclusiva y en el que no pueden levantarse barreras o mantenerse números clausus que impidan la competencia. Los taxistas tienen derecho a defender, de forma legítima y sin violencia, lo que consideran derechos adquiridos, pero esa defensa debe plantearse en el marco de la economía de mercado y de la libre prestación de servicios. No en vano, el imparable proceso de la digitalización debería ser una oportunidad para transformarse y modernizarse en lugar de una excusa para replegarse y atrincherarse.

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