Moove: «Barcelona quedará en la prehistoria de la movilidad»

Empresas, EXPANSION

Manuel Puga es consejero delegado de Moove. Pablo MorenoEXPANSIÓN

El operador de vehículos de VTC despedirá a sus casi 800 empleados y dejará la capital catalana si se aprueba el plan de la Generalitat.

Moove Cars, uno de los principales operadores de licencias de VTC en España, se prepara para salir de Barcelona en cuanto se apruebe el decreto diseñado por el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en el que se contempla un periodo de precontratación de quince minutos para los usuarios de este servicio.

«Si se aplica, no podremos operar. Con quince minutos de precontratación es imposible hacerlo. No nos vamos de Barcelona, nos echan. A nosotros y también a los trabajadores», afirma a EXPANSIÓN Manuel Puga, consejero delegado junto a Rafael García-Tapia de Moove.

La empresa emplea a 800 de los 3.000 conductores de VTC de Cataluña a través de una flota cercana a 400 vehículos. Ya ha enviado una carta al Govern en la que anuncia los despidos. «Esta situación conllevará inevitablemente la necesidad de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla en Cataluña», afirma en la misiva enviada por burofax.

«Somos parte de la economía real, generamos empleos fijos y estamos muy bien valorados por el ciudadano. Estamos ofreciendo la posibilidad de reincorporar al mercado laboral a parados de larga duración», se queja Puga.

La empresa, que cerró 2018 con ingresos de unos 30 millones, dispone de unas 2.000 licencias y tiene presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga y Valencia.

«Nos somos una multinacional, sino una empresa 100% española que tiene a todos sus trabajadores con contrato fijo. La norma prevista es una barbaridad y dejaría a Barcelona en la prehistoria de la movilidad», asegura el directivo.

Los servicios jurídicos de Moove consideran que la propuesta de decreto es ilegal y aprecian una maniobra del Ayuntamiento de Barcelona para protegerse de recursos al elevar a rango de ley autonómica medidas propias de una ordenanza municipal.

Uber, Cabify y los operarios de licencias -Puga se sorprende de que se siga transmitiendo la idea de que las dos primeras cuentan con flotas de coches- tendrán difícil la vía judicial, pero sí podrán recurrir por vía contencioso administrativa los efectos de la norma. «Entendemos que sí hay vías jurídicas para plantear cuestiones de inconstitucionalidad», dice la empresa.

Como Cabify, Puga considera que la batalla de la movilidad se libra en realidad «contra el coche privado». Se muestra además partidario de que el Ministerio de Fomento asuma al menos el diseño de un marco de referencia de ámbito estatal para regular el sector, al margen de la capacidad de los ayuntamientos para ordenar el tráfico.

La empresa, que al menos hasta el nuevo estallido del conflicto del taxi en Barcelona preveía llegar a 4.000 VTC en 2020, no entra aún a valorar el criterio de distancia mínima en el que trabajan la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para regular el uso de plataformas como Uber y Cabify.

Eso sí, los quince minutos de precontratación le parecen una «arbitrariedad». Puga pone como ejemplo una pizzería en la que haya que esperar por ley ese tiempo para pedir una pizza. «Es el secuestro de una ciudad para preservar un monopolio», añade.

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