El Frob busca firmas para valorar la banca pequeña

Empresas, EXPANSION

Jaime Ponce, presidente del Frob.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (Frob) ha dado los primeros pasos para contar con un pool de consultoras y firmas asesoras que elabore informes de valoración independiente cuando estén en problemas alguno de los bancos de pequeño tamaño (considerados como “menos significativos”) u otras empresas de servicios de inversión que están bajo su ámbito de competencia.

El objetivo de la autoridad de resolución ejecutiva española es firmar un acuerdo marco con entre tres y diez firmas independientes (consultoras y auditoras, principalmente) para poder recurrir a alguna de ellas de manera más rápida que en una contratación pública ordinaria en caso de que una entidad menos significativa se viera en problemas y el Frob considerase que es necesario llevar a cabo trabajos preparatorios para una posible resolución. Este acuerdo está valorado en unos cuatro millones de euros, según el fondo.

Un sistema de pool similar es el que ha venido aplicando la Junta Única de Resolución (JUR), el equivalente europeo al Frob, y responsable de resolver Banco Popular en 2017, vendiéndolo a Santander por un euro. Cuando el organismo comunitario dirigido por Elke König necesitó en el pasado un evaluador independiente, como fue el caso de Popular, en el que contó con la ayuda de Deloitte, ya disponía de un listado de firmas evaluadoras a las que podía recurrir y que previamente conocían el tipo de trabajos que les sería encomendado.

Control a 80 compañías

El Frob tiene, según se refleja en su último informe anual, 54 entidades bancarias consideradas como menos significativas bajo su competencia como autoridad ejecutiva en España. Los bancos de mayor tamaño dependen de la JUR europea. Además, el fondo presidido por Jaime Ponce es la máxima autoridad para otras 30 empresas de servicios de inversión que se sitúan bajo su paraguas.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas de este acuerdo marco, el mismo está valorado en cuatro millones de euros. Este importe incluiría cualquier tipo de encargo y distintos trabajos que se requirieran a las compañías firmantes del acuerdo. Entre las potenciales valoraciones se incluyen un informe que refleje todas las pérdidas contables u otro que determine de forma independiente si los inversores afectados por una resolución hubieran sido menos penalizados en caso de liquidación ordinaria.

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