Sacyr ataca a la CNMC por la multa al cártel del AVE

Empresas, EXPANSION

Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

La constructora acusa al supervisor de saltarse la legalidad al juzgar a su filial Neopul “sin pruebas”.

La multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 118 millones de euros a 15 empresas y 14 directivos acusados de participar en un cártel para repartirse las obras de electrificación de Adif entre 2002 y 2016 ha levantado ampollas entre los grupos señalados. Uno de los más indignados es Sacyr, que además de negar su participación en el amaño a través de su filial Neopul, ha encargado a sus servicios jurídicos que analicen la presentación de una demanda contra la CNMC por los daños económicos y de reputación que ha provocado la resolución del pasado 27 de marzo.

“Vamos a considerar muy seriamente la activación de cuantas acciones legales nos asistan de cara a la restauración del daño económico y reputacional injustamente causado”, dice la carta de Sacyr dirigida al presidente de la CNMC, José María Marín-Quemada, el 4 de abril.

Fuentes próximas a la compañía aseguran que, desde que se hizo pública la resolución, han tenido que dar explicaciones de lo ocurrido a varias autoridades licitadoras en el extranjero: “De manera injusta, la CNMC ha provocado un grave daño al grupo”.

La empresa ha tenido que retirar a Neopul de la UTE constructora del ferrocarril de Uruguay, una obra adjudicada en 2018 con un presupuesto de unos 700 millones de euros. A través de Neopul, Sacyr acaba de ganar la construcción del tranvía de Edimburgo (Reino Unido), una obra de 123 millones. La constructora también ha tenido que justificar el incidente de España en Escocia.

Sacyr envió la semana pasada la dura misiva a la CNMC en la que acusa al organismo público de causar graves daños “sin pruebas”. Considera que la resolución, con una multa a Neopul de 762.000 euros, adolece “de muy graves defectos legales que para nada se compadecen con el buen hacer que debe predicarse de un organismo público como la CNMC”. Según Sacyr, el supervisor “no identifica pruebas respecto a la supuesta participación de Neopul en los hechos descritos (…) y no acredita el conocimiento o participación de ningún representante de la empresa en ninguna reunión anticompetitiva”.

En la lista de directivos sancionados no figura el nombre de Sacyr, argumento empleado por la empresa para reprobar la resolución. Según Sacyr, la CNMC obvia cuestiones básicas de la ley de contratos como, por ejemplo, el uso legítimo de la UTE para participar en la obra pública: “Una UTE se compone de manera legítima de varias empresas, sin que todas y cada una de ellas tengan por qué asumir un mismo rol o comportarse de forma semejante”, dice Sacyr, cuya filial facturó 22 millones en 2018 sobre unas ventas totales de la empresa de 3.092 millones.

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