Una tarea de saneamiento estructural que urge completar

5 DIAS, Opinión

Eurostat confirmó ayer oficialmente que tras diez años de vigilancia y férreo control, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo de la UE y dejará de ser el único Estado miembro sometido a la tutela de Bruselas en su proceso de consolidación fiscal. Los datos de la oficina estadística europea sitúan en un 2,48% el déficit de 2018, lo que supone una mejora sustancial respecto a la cifra que preveía el Gobierno, que era de un 2,63%. La rebaja, que equivale a unos 1.800 millones de euros, no se debe, sin embargo, a un esfuerzo extraordinario de saneamiento presupuestario, sino principalmente a la revisión de una serie de pagos que, según el criterio comunitario, no corresponde imputar a 2018. El más importante de ellos, de 900 millones, constituye una deuda que Abertis reclama al Estado por la ampliación de un carril de la AP-7 a través de su filial Acesa. Se trata de un contencioso que está pendiente en el Supremo, cuya sentencia fijará el montante definitivo de esa obligación, razón por la que Eurostat ha decidido no computarla en 2018. También ha habido que revisar otros pagos indebidamente incluidos, como los 700 millones que Hacienda ha tenido que abonar a Telefónica tras una resolución del TEAC favorable a la compañía.

La explicación contable de la mejora de la cifra de déficit no empaña el hecho positivo de que España ha dejado atrás una larga etapa de severa indisciplina fiscal y tutela presupuestaria externa, pero tiene implicaciones importantes que es necesario tener en cuenta. La primera es que la mejora constatada por Bruselas se explica mayoritariamente por la no imputación de esas partidas de gasto y no por una rebaja del déficit estructural del país, que sigue siendo una tarea pendiente que urge completar. A ello hay que unir que los 1.800 millones no computados en 2018 deberán imputarse en 2019 o en el ejercicio que corresponda a cada partida, lo que limitará el margen de reducción del déficit en ese período, y lo hará en una coyuntura de desaceleración del crecimiento y con el lastre de una deuda pública que se ha reducido más de un punto en 2018, pero que sigue rozando la línea roja del 100%.

La vigorosa recuperación que ha llevado a cabo la economía española en los últimos años y el aumento de ingresos que ello ha generado ha sido la principal palanca en la que se ha apoyado España para avanzar en la senda de consolidación fiscal. Pero en un entorno de enfriamiento económico como el actual, es necesario adoptar medidas de saneamiento estructural que permitan al país afrontar con suficiente fortaleza los rigores e incertidumbres de un posible cambio de ciclo.

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