Caixabank refinanciará deuda por 7.500 millones en bonos anticrisis para lograr el colchón que pide la JUR

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Sede de Caixabank en Barcelona.

El Banco de España comunicó ayer a CaixaBank el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), que determina la Junta Única de Resolución (JUR) y que no es otra cosa que un colchón anticrisis para las entidades europeas.

La institución exige que CaixaBank mantenga deuda con capacidad de absorber pérdidas por valor del 22,5% de sus activos ponderados por riesgo calculados a cierre de 2017. Esto implica que el banco necesita una cobertura de 33.511,5 millones en este tipo de bonos.

La entidad cuenta con margen hasta 2021 para alcanzar ese nivel desde el 20,2% que registró en el primer trimestre de este año, según sus propios cálculos. Para ello, CaixaBank ha anunciado que aprovechará vencimientos de deuda ordinaria por valor de 7.500 millones de euros para refinanciarlos en títulos que computen para el colchón anticrisis, fundamentalmente deuda sénior no preferente, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles.

La institución busca que la banca disponga de suficiente deuda con capacidad de absorber pérdidas para evitar rescates con dinero público en nuevas situaciones de crisis.

Se abre a subirlas indemnizaciones del ERE

Por otro lado, la dirección de CaixaBank abrió ayer la puerta a aumentar la cuantía en las indemnizaciones a los 2.157 empleados afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si los sindicatos aceptan otras medidas como ampliar las jornadas de atención al cliente por las tardes.

Así lo trasladaron los responsables del banco en la reunión mantenida con los representantes laborales, después de que éstos le indicasen la necesidad de mejorar las cuantía para incentivar las adhesiones voluntarias, según informaron CCOO y la plataforma Unión Sindical a Servimedia. Los sindicatos exigen que las condiciones para las salidas sean, como mínimo, equiparables a las del ERE del año 2015 cuando se acogieron 867 personas a una oferta de salidas de 700 empleados.

En aquel momento aceptó abonarles el 57% del salario fijo bruto anual correspondiente a ocho anualidades en prejubilaciones y fijó en 45 días por año trabajado la indemnización para el resto. Su propuesta actual cubre entre el 50% y 53% del salario fijo, en función de la edad de los trabajadores potencialmente jubilables, y para los más jóvenes fija una compensación de 40 días, con un máximo de dos anualidades y un mínimo de 18 mensualidades.

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