Cómo protegerse de los efectos imprevistos de Mifid II

EXPANSION, Mercados

La CE se plantea hacer algunos cambios en la ley para reducir efectos colaterales.

La exigencia de cobrar por los análisis para mejorar la transparencia tiene un coste sistémico para las compañías pequeñas que deben solucionar las normas de la UE.

Lleva en vigor mucho menos tiempo de lo que duró su gestación, pero la segunda Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Mifid II) de la UE ya está revolucionando la inversión en renta variable en Europa y fuera de la región. Ha pasado un año desde la entrada en vigor de una de las normas más polémicas de Mifid II -que exige a los brókeres cobrar a los inversores el análisis de compañías y la negociación de valores aparte-. La reacción de los mercados de renta variable ha sido elocuente. Más allá de las predecibles quejas de los que han perdido sus posiciones antes privilegiadas, existen temores legítimos sobre los efectos imprevistos en el funcionamiento del mercado -pero nada que mine la validez de Mifid II-.

La prohibición de «empaquetar» el análisis con las actividades de corretaje pretendía eliminar conflictos de interés que podrían perjudicar a los inversores. Uno de ellos era el interés evidente de bancos de inversión y brókeres en fomentar el tráding, lo cual podría provocar un sesgo en su análisis. Otro era que las gestoras de fondos no podían escoger los brókeres que más interesasen a sus clientes -los más baratos- dado que los costes del corretaje quedaban ocultos en el paquete de servicios, que ofrecía prestaciones útiles pero difíciles de valorar, como el acceso a altos ejecutivos.

Menos costes

Exigir a las gestoras de fondos que paguen por separado el análisis, obligando así a los brókeres a detallar sus costes, ha derivado en una clara caída del gasto. Esto ha afectado a los balances de los brókeres, lo que ha llevado a muchos a reducir la cantidad y la calidad de sus análisis. Aunque esto pueda parecer malo -algunas voces malhumoradas denunciarán que la UE se equivocó-, este recorte del gasto en análisis es en muchos sentidos un aspecto positivo, y no un error.

Primero, los conflictos de interés hacían que el dinero gastado en análisis fuese en parte un vehículo para engordar los bolsillos de intermediarios financieros en detrimento de los inversores finales.

Mifid II es una de las muchas razones de la tendencia bajista en los altos costes que los ahorradores han tenido que soportar durante mucho tiempo para que se invirtiese su dinero.

Segundo, si la transparencia de los precios reduce la demanda, la explicación más obvia es que el análisis que se producía antes no merecía el precio que se pagaba por él.

Sin embargo, el descenso del gasto en análisis ha tenido un coste sistémico. Los análisis de los proveedores de datos han dejado de cubrir las empresas más pequeñas. Si una menor atención de los brókeres se traduce en una menor atención de los inversores, quedar fuera de los análisis podría reducir la liquidez de las acciones de esas compañías -haciéndolas menos atractivas aún para los inversores, creando un círculo vicioso-.

Uno de los remedios -el análisis pagado por las propias compañías- es peor que la enfermedad, en lo que se refiere a los conflictos de interés. Es mejor que las gestoras de fondos lleven a cabo su propio análisis, o que compañías fuera del segmento de los brókeres hallen un nicho rentable proporcionándolo.

Si eso no sucede, y Mifid II hace involuntariamente menos accesibles los mercados de capitales para las pequeñas empresas, se evidenciará un fallo en el mercado de la información financiera.

El coste que supone analizar una compañía probablemente sea el mismo con independencia de su tamaño, razón por la cual no se da tanta cobertura a las empresas más pequeñas. Cuando los mercados no ofrecen en su justa medida un bien público, como información valiosa, hay argumentos para una intervención pública.

Soluciones

Existen diversas soluciones si el problema se vuelve grave: subvenciones o desgravaciones para el análisis de pequeñas empresas; colaboraciones público-privadas; y requisitos de normalización y de información a nivel de la UE, que abaraten el análisis.

Todo ello debería encuadrarse dentro de la agenda de la unión de mercados de capitales de la Unión Europea. Esa agenda aumentará la liquidez para las pequeñas empresas de la UE, lo que podría convertir un círculo vicioso en uno virtuoso.

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