Las gestoras tendrán que identificar a los accionistas finales de las empresas cotizadas

Empresas, EXPANSION

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, y Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

El anteproyecto de ley que traspone la Directiva europea de implicación de los accionistas permite a las empresas conocer a los beneficiarios último de las acciones en poder de los intermediarios.

Las empresas cotizadas podrán solicitar a las entidades intermediarias que custodian o gestionan acciones de la compañía la identidad de los beneficiarios últimos de estos títulos. Ésta es una de las disposiciones incluidas en el anteproyecto de Ley que trasladará a la normativa española la Directiva europea sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. El anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Economía y Empresa se encuentra en consulta pública, que pretende recabar la opinión de las entidades potencialmente afectadas por la norma antes de seguir su trámite reglamentario. El objetivo es incentivar las políticas a largo plazo, ya que considera que las estrategias de inversión cortoplacistas afectan negativamente al potencial de desarrollo de las compañías. La implicación de los accionistas, dice, trasciende el ámbito del gobierno corporativo y la rentabilidad de las empresas, con un impacto positivo en la economía y la sociedad.

La Ley de Sociedades de Capital española ya reconoce a las cotizadas el derecho a conocer la identidad de sus accionistas. Sin embargo, para cumplir con la Directiva, el Anteproyecto modifica esa ley para permitirle conocer la identidad de los beneficiarios últimos que actúan a través de una entidad intermediaria (directamente o a través del depositario central de valores). En este sentido, recuerda que no es infrecuente que el accionista reconocido en los registros no se corresponda con el beneficiario final de los derechos económicos y políticos asociados a las acciones. La entidad actúa en nombre propio pero por cuenta de estos inversores (sus clientes).

El anteproyecto indica que el objetivo no es alterar el régimen jurídico de tenencia de las acciones, sino cumplir con la Directiva. La identificación, dice ésta, es un requisito previo para la comunicación directa entre la sociedad y los accionistas y fundamental para facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación. «Puede tener una gran transcendencia a efectos de transparencia y de legitimación para el ejercicio de derechos en los casos de derivados y de cadenas de custodios», señalan en el despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Las asociaciones de accionistas o accionistas que sean titulares individual o conjuntamente de una participación de, al menos, el 3% solicitarán la identificación de los beneficiarios últimos a la entidad intermediaria necesariamente por medio del depositario central de valores.

El anteproyecto profundiza en aspectos ya contemplados en la normativa, sobre todo, tras la aprobación de la Ley de Información no Financiera (que trasponía la Directiva del mismo nombre), especialmente en los requisitos sobre los sueldos de los administradores de la sociedad, que deben ser aún más detallados en el informe de remuneraciones.

Uno de los grandes cambios viene de la mano de las operaciones con partes vinculadas, un aspecto que incide en el núcleo de los conflictos de interés. «Lo más relevante del anteproyecto es el impacto que tendrá en el régimen aplicable al deber de lealtad, que en nuestro ordenamiento tiene un régimen específico, tanto en el ámbito del órgano de administración, como en el de las decisiones en junta general», explican en CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

Conflictos de interés

Las empresas deberán anunciar públicamente, a más tardar en el momento de su celebración, las operaciones con partes vinculadas de la cotizada o sociedades de su grupo que superen el 5% del valor patrimonial neto o el 2,5% de la cifra de negocio. Debe acompañarse de un informe de un tercero independiente que evalúe si la operación es justa y razonable. Cuando tenga que ser aprobada por la junta, el socio en situación de conflicto sólo podrá votar si la operación ha tenido el visto bueno de la mayoría de los consejeros independientes; las que sean aprobadas por el consejo, deben tener un informe previo de la comisión de auditoría y el consejero afectado se abstendrá de votar.

El anteproyecto también recoge que la CNMV será competente para incoar e instruir los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la norma.

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