Cómo encajar China en el orden económico y político mundial

5 DIAS, Opinión

En 1793, el emperador Qianlong de China rechazó iniciar relaciones comerciales con la industrializada Inglaterra. La fallida misión diplomática del embajador George McCartney no solo no obtuvo concesiones de ningún tipo, sino que motivó un edicto imperial en el que las fórmulas empleadas daban a entender que se consideraba a Jorge III como un vasallo. La China de la dinastía Qing no quiso entender las consecuencias de la Revolución científica y la Revolución industrial que transformaron Europa y al mundo entre los siglos XVII a XIX, y sufrió las consecuencias en forma de concesiones territoriales y comerciales impuestas mediante los Tratados Desiguales a partir de la Primera Guerra del Opio (1839-1842).

Más de 200 años después, China es un país volcado con el comercio y con la creación de infraestructuras para incentivarlo; un autoproclamado adalid del libre comercio, pero solo fuera de sus propias fronteras, que observa con estupor cómo el vástago de aquella misma Inglaterra, convertido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en primera superpotencia mundial, no solo se erige de nuevo en patria y bastión del proteccionismo económico tras el que ya se parapetó desde fines del siglo XVIII hasta los acuerdos de Bretton Woods, sino que ha abierto hostilidades con una guerra comercial que ha sorprendido en Pekín por su virulencia.

China, que se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 11 de diciembre de 2001, cree estar siendo tratada injustamente. Con la adhesión, contrajo importantes compromisos en relación con la liberalización de su economía y con el fin de ofrecer un entorno más predecible para el comercio y la inversión extranjera. El reto era mayúsculo. A pesar del programa de reforma y apertura iniciado en los años ochenta del pasado siglo por los reformistas del Partido Comunista Chino, dirigidos por Deng Xiaoping, se partía de un modelo de desarrollo basado en una economía férreamente controlada por el Estado y de un marco legal incierto, con continuos cambios en la regulación y la legislación. Mediante continuos cambios legislativos y modificaciones en los incentivos a la exportación e importación, el Gobierno chino ha venido alterando a conveniencia hasta la actualidad los patrones de demanda del país.

Casi 20 años después, la mayor parte de los analistas reconoce que, aunque, el país ha avanzado mucho en la apertura de sus mercados, la intervención estatal en la gestión de la economía es aún de tal intensidad y profundidad que las aspiraciones de China de ser reconocida como una economía de mercado no pueden satisfacerse aún. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos así lo han manifestado desde 2016.

Por si fuera poco, la Administración Trump, con su discurso beligerante hacia China y la voluntad de revertir años de política exterior estadounidense en Asia (saliendo del Tratado Trans-Pacífico inmediatamente tras producirse el relevo en la Casa Blanca, un acuerdo firmado tras 12 años y 32 rondas de negociaciones promovidas precisamente por ­Washington), ha aumentado la tensión en la guerra comercial y tecnológica que mantiene con China y que fundamenta en acusaciones de competencia desleal y de manipulación de moneda, así como de infracción de derechos de propiedad intelectual, restringiendo la capacidad de Huawei de comerciar con empresas norteamericanas, como en su día hizo con ZTE.

En este clima enrarecido se celebró en abril –al mismo tiempo que entraba en vigor el Reglamento (UE) 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras, que crea un marco legal destinado a defender los intereses estratégicos de los Estados miembros y a salvaguardar la seguridad y el orden público en relación con las inversiones extranjeras directas recibidas –la 21ª Cumbre UE-China en Bruselas, donde la UE llegó a calificar a China como un “rival sistémico”–. Pekín, con el frente norteamericano ya abierto, cedió en cuestiones como la revisión de su marco legal para los subsidios industriales. Además, la Asamblea Nacional Popular (órgano legislativo de China) aprobó la ley unificada de inversión extranjera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y que deroga y sustituye el actual cuerpo normativo en vigor desde la década de los ochenta.

A pesar de su relativamente escasa extensión (42 artículos frente a los 170 del primer borrador que se manejaba desde 2015) y de la falta de desarrollo reglamentario, su aprobación un tanto precipitada es sintomática, ya que en China no abundan los textos refundidos ni las consolidaciones legales; la aprobación de esta nueva ley debe interpretarse como gesto de buena voluntad en el actual contexto de tensión geopolítica entre los tres grandes bloques.

De hecho, en los últimos años, China ha reducido el número de medidas restrictivas sobre la inversión extranjera en casi dos tercios, y también ha reformado significativamente el sistema de aprobación de la inversión extranjera. Sin embargo, se mantiene entre las empresas extranjeras el temor a las transferencias forzadas de tecnología. Y con razón. Aunque el artículo 22 de la nueva ley de inversiones extranjeras refuerza nominalmente los derechos de propiedad industrial, cabe señalar aquí que las transferencias de tecnología no son impuestas por el Gobierno chino. Lo que se fuerza de forma indirecta, y principalmente a nivel provincial y local, es la adquisición de productos fabricados en China. Y una vez se ha convencido a una empresa extranjera para fabricar en China, las filtraciones son prácticamente inevitables. Por ello, la clave no radica tanto en el acceso al mercado chino, sino en mantenerse, una vez la tecnología foránea ha sido absorbida por el mercado chino.

En retrospectiva, es evidente que China ha intentado beneficiarse de la liberalización de los mercados internacionales sin corresponder como se esperaba hiciera desde 2001. Pero la UE y EE UU deben entender que Pekín percibe las últimas evoluciones como un intento por parte de las potencias occidentales de mantener una hegemonía que ya propinó un siglo de humillación a su país, y de impedir el resurgimiento del pueblo chino. Washing­ton y Bruselas deben coordinar una estrategia que fije objetivos alcanzables a través de negociaciones mutuamente beneficiosas con Pekín; una estrategia lo suficientemente coercitiva como para arrancar concesiones significativas en materia de reciprocidad en el acceso a los respectivos mercados, pero también contenida y mesurada, de manera que no se fuerce al Gobierno chino a escoger entre derrota y humillación o medidas de retorsión que alimenten un jingoísmo de peligrosas e imprevisibles consecuencias.

Álvaro de Luis Andrés es Socio director de Asia Net de Craman Abogados

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