Boris Johnson envía a España a su ministro del Brexit en busca de apoyos

Economia, EXPANSION

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Steve Barclay se entrevistará hoy con el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

El 31 de octubre, fecha prevista para la salida británica de la Unión Europea (UE), llegará con España inmersa en plena campaña electoral hacia los comicios del 10 de noviembre, lo que añade nuevas incertidumbres sobre el impacto logístico y económico que podría tener una ruptura sin acuerdo entre Reino Unido y los otros 27 estados miembros del club europeo.

El Gobierno español en funciones afirma estar bien preparado para la posibilidad de este Brexit desordenado, pese a que el informe elaborado por Downing Street sobre las implicaciones que tendría ese escenario (la denominada operación Yellowhammer) habla de caos en Gibraltar, de largos retrasos para la llegada de mercancías al territorio británico (muchas de ellas provienen de empresas españolas) y de riesgos para los actuales derechos de los ciudadanos británicos en la UE.

Steve Barclay, ministro encargado de la negociación del Brexit, prevé realizar una visita hoy a Madrid donde, entre otras reuniones, se entrevistará con Josep Borrell, ministro de Exteriores. Borrell pasará el 1 de noviembre a ser el alto comisionado europeo para política exterior y seguridad, el día después del Brexit.

Fuentes de la administración británica apuntan que el objetivo de Barclay, quien ayer estuvo en Chipre y mañana acudirá a Portugal, es recabar apoyos en los países de la UE para negociar un nuevo pacto del Brexit, retocando algunos aspectos respecto al tratado sellado por la ex primera ministra Theresa May. El actual Gobierno, liderado por Boris Johnson, quiere eliminar o cambiar la fórmula contemplada en el acuerdo para garantizar el libre flujo de personas y mercancías en Irlanda tras el Brexit. De momento, la UE dice que no ha recibido propuestas concretas, y descarta no incluir en el pacto final algún tipo de mecanismo legal que evite al 100% el riesgo de establecimiento de una frontera en Irlanda.

Ante la dura posición comunitaria, y la ausencia de planes concretos de Downing Street para salvar esa oposición, se espera que el encuentro de hoy entre Barclay y Borrell vaya más enfocado hacia la puesta en marcha de los mecanismos de contingencia en caso de un Brexit duro. Londres, como demuestra el contenido la operación Yellowhammer, no está del todo convencido de que España no aplicará severos controles en Gibraltar en ese escenario, y tampoco se fía de la futura pérdida de derechos de asistencia sanitaria gratuita para el medio millón de británicos que residen en las costas mediterráneas y para sus 18 millones de turistas que cada año viajan a sus playas.

Sin embargo, desde Madrid se insiste en que el decreto de medidas para paliar un Brexit duro aprobado en marzo (fecha en que inicialmente se iba a producir el Brexit) ya incluye acciones para mantener la fluidez en la verja del Peñón (especialmente para facilitar el acceso al trabajo de los españoles que cada día pasan a este territorio), para asegurar la conectividad área y también contempla respetar durante 18 meses tras la fecha de salida de la UE todos los derechos de los ciudadanos de Reino Unido, siempre que haya reciprocidad para los españoles en suelo británico.

Donde se espera que el Gobierno español sea inflexible, en caso de que Barclay lo sugiera, es en la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales en otras materias que están siendo negociadas a nivel comunitario, como en la prestación de servicios financieros.

Por el lado español, entre las principales preocupaciones de cara a un Brexit sin acuerdo figura el respeto a los derechos de los españoles que viven en Reino Unido y la posible imposición de tarifas a algunos de los productos que más se exportan a ese mercado, como automóviles, prendas textiles y alimentos.

La posición oficial del Gobierno británico es que el 31 de octubre habrá Brexit, con o sin acuerdo. Pero el Parlamento británico ha aprobado una Ley que obliga a pedir una prórroga (inicialmente hasta el 31 de enero de 2020) para seguir negociando en caso de que no haya pacto. Probablemente, durante esta extensión Reino Unido celebraría unas nuevas elecciones generales, por lo que el futuro del Brexit (tanto en Londres como en Madrid) quedaría en manos de los Ejecutivos que salgan de los respectivos comicios en ambos países.

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