Reducir la desigualdad de renta en España: eficiencia contra partidismo

ANALISIS, Técnico

La desigualdad de renta en España es relativamente alta respecto al resto de países europeos, esto no merece discutirse, pero sí deberíamos reflexionar sobre las propuestas que usan esta realidad como justificación. Para reducir la desigualdad de renta hay esencialmente tres opciones, mejorar la distribución de la renta de mercado, aumentar la progresividad del sistema impositivo y lograr que las transferencias sociales reduzcan más la desigualdad de mercado.

De entre estas tres opciones podríamos decir que la favorita de los partidos de izquierdas es la segunda, mejorar la progresividad del sistema impositivo subiendo los impuestos a las rentas más altas, y una vez reducida la desigualdad por ese lado, poco importa la distribución del gasto, si reduce la desigualdad, mejor que mejor, y si no, pues también. El problema es que el recorrido que tiene reducir la desigualdad aumentando los impuestos a las rentas más altas es muy corto por varias razones, la primera es que no está claro que de ahí puedan obtenerse más ingresos, esto se trasluce de trabajos como Guner et al (2014) para EEUU o Félix Sanz et al (2014) y Díaz-Caro y Onrubia (2018) para España. Y, en segundo lugar, aunque no considerásemos la reacción probablemente negativa de la recaudación ante las subidas, el impacto distributivo de subir impuestos sigue siendo limitado, como se muestra en Onrubia et al (2019).

Así las cosas, parece que subir impuestos a los más ricos para aumentar o sostener el gasto público no es muy razonable en la realidad, y más aun considerando las cantidades que habitualmente se plantean gastar, siendo la única manera de aumentar los ingresos subir los impuestos a segmentos importantes de la población. Pero esto último no está exento de costes, tanto en términos de PIB como de empleo, como muestra este trabajo de Boscá et al (2017).

Con esto no quiero decir que sea imposible aumentar los ingresos públicos en España, puesto que el gasto público también genera beneficios económicos, más bien pretendo advertir que es muy complicado reducir la desigualdad por ese lado, que no podemos confiar la reducción de la desigualdad siempre en más impuestos a los ricos como si el sector privado fuera un saco sin fondo. En tanto que aumentar la recaudación va a afectar necesariamente a mucha gente y va a suponer un gran costo, es imprescindible que esos ingresos extra reduzcan significativamente la desigualdad.

En ese sentido, la semana pasada los pensionistas congregados en Madrid presentaron un documento donde pedían al gobierno una reforma impositiva que recaudase 90.000 millones de euros, cerrando así la brecha de recaudación que nos separa de la UE, de los cuales 50.000 deberían destinarse a subir las pensiones. Varias personalidades, como la economista Marta Flich se manifestaron a favor de las reivindicaciones de los pensionistas, argumentando que luchaban por el estado del bienestar y para reducir la desigualdad. Coincidiendo en lo primero, discrepo en lo segundo, lo que estamos viendo es que el gobierno ha decidido blindar los votos de los pensionistas y los empleados públicos, renunciando deliberadamente a reducir la desigualdad.

Para ilustrar esto último he calculado con los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018 el efecto sobre el Índice de Gini (que muestra la desigualdad en una economía) de subir las pensiones un 2% o destinar una cantidad equivalente de dinero (2.300 millones de euros) a aumentar un 6% la renta neta de todos los hogares en riesgo de pobreza.

reducción índice Gini

reducción índice Gini

Es decir, al destinar esos ingresos tan difíciles de conseguir a aumentar todas las pensiones, estamos renunciando a reducir 11 veces más la desigualdad, ayudado además a los hogares formados por pensionistas en riesgo de pobreza, que se verían más beneficiados por la segunda medida que por la primera. Además, si incluyéramos en el análisis el aumento de los salarios públicos, veríamos que esta medida no solo no reduce la desigualdad, sino que la aumenta, puesto que la mayoría de asalariados públicos se sitúan en la parte superior de la distribución de la renta, como se muestra en este otro gráfico, también de elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV de 2017. De acuerdo con este gráfico casi uno de cada cuatro asalariados del sector público formaba parte del 10% de la población con más renta en 2016.

empleados públicos por decil de renta

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En España una reducción significativa de la desigualdad ha de pasar necesariamente por una mejor distribución de los ingresos de mercado (para lo cual debemos acabar con el paro) y por mejorar el impacto redistributivo del gasto público. Para lograr esto último es imperativo que dediquemos los hipotéticos aumentos de la recaudación no esencialmente a las grandes partidas como pensiones y salarios, sino a prestaciones sociales ajenas a las pensiones que ayuden de verdad a las familias pobres.

Este es el verdadero aspecto que diferencia el gasto en protección social de España frente a los países nórdicos, puesto que aquí estas partidas tienen una importancia marginal, y además están pesimamente distribuidas. Esto último puede verse nítidamente en el siguiente gráfico, de elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

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Foto | iStock

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