Los bancos vuelven al Supremo para cobrar compensaciones por Castor

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La plataforma de almacenamiento marino Castor.

Santander, CaixaBank y Bankia remiten tres dictámenes del Consejo de Estado en los que concluyen que los bancos tienen derecho a un resarcimiento por parte del sistema gasista.

Santander, CaixaBank y Bankia han dado pasos para tratar de acelerar que la justicia apruebe sus indemnizaciones por el fallido proyecto Castor. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (donde se presentó en julio una demanda reclamando daños y perjuicios) ha admitido un escrito remitido por las tres entidades en el que adjuntan tres dictámenes del Consejo de Estado que determinan que tienen derecho a percibir un resarcimiento tras el cierre del almacén.

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de Castor, el almacén subterráneo de gas construido por Escal (participada por ACS, Enagás y los bancos) frente a las costas de Castellón tras registrarse cientos de seísmos en la zona. El Ejecutivo decretó una indemnización de 1.350 millones de euros, que se cargaría a la factura del gas durante 30 años.

En 2017, el Constitucional invalidó parcialmente el decreto, lo que abrió diversos frentes judiciales. Una de las vías adoptadas por las entidades bancarias españolas fue la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte del Estado, ahora en el Supremo.

Al acudir a la instancia judicial suprema, los tres bancos siguen reclamando los 1.350 millones de euros. Y tendrían derecho a una indemnización, según los dictámenes del Consejo de Estado aportados a la demanda del alto tribunal. Los informes, sin embargo, determinan que no es la Administración Pública la que tiene que afrontar estos pagos, sino el sistema gasista.

De no llevarse a cabo este resarcimiento, «se estaría amparando una situación de enriquecimiento injusto a favor del sistema gasista», concluye el Consejo de Estado en los dictámenes incorporados a la causa. La Administración no tendrá que afrontar el coste de la indemnización, pero sí «instrumentar su pago, mediante la aprobación de la correspondiente norma de rango legal», según los escritos.

Evitar perjuicios al Estado

El Consejo de Estado invitó a las autoridades españolas a promover cuanto antes una iniciativa legislativa destinada a resarcir los costes patrimoniales de los tres bancos y, a su vez, evitar daños y perjuicios al Estado como consecuencia del pago de más intereses.

En el escrito que acompaña a los dictámenes, los bancos alegan que los escritos coinciden en lo fundamental con las reclamaciones que están llevando a cabo en la demanda presentada ante el Supremo. Las tres entidades critican que el Gobierno «nunca ha llegado a solicitar» la opinión del Consejo de Estado, como exige la ley. Los informes tienen su origen en tres resoluciones emitidas por la CNMC el pasado julio en las que exigía a las entidades, así como a ACS y Enagás, la devolución de las liquidaciones pagadas (unos 368 millones de euros) antes de que el Constitucional tumbara parcialmente el decreto del Gobierno.

El Consejo de Estado se mostró a favor de la devolución de las liquidaciones. Sin embargo, los tres informes fueron más allá y valoraron el derecho de los bancos a cobrar una indemnización sufragada por parte del sistema gasista. Las entidades solicitan incluir, por ello, estos nuevos hechos «relevantes» en la demanda cursada en el Supremo.

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