Los grandes inversores ponen el foco en la renovación del consejo de administración

Empresas, EXPANSION

Las firmas Georgeson y Cuatrecasas han analizado las políticas de voto de los grandes inversores institucionales extranjeros en las juntas de este año para ayudar a las cotizadas españolas a anticiparse a sus demandas y preparar las asambleas de 2020.

La estructura y composición del consejo de administración es un elemento clave para el buen gobierno de las empresas ya que afecta a su eficacia e influye sobre la calidad de sus decisiones y su capacidad para promover el interés social, dice el Código de Buen Gobierno.

Por eso, la renovación del órgano de administración seguirá siendo relevante en las juntas de accionistas, y será sometida al escrutinio principalmente de los inversores institucionales, cada vez más presentes en el accionariado de las cotizadas españolas.

Por octavo año consecutivo, las firmas Georgeson y Cuatrecasas han analizado las políticas de voto de los grandes inversores institucionales extranjeros en las juntas celebradas durante este año para ayudar a las cotizadas españolas a anticiparse a sus futuras demandas y preparar las asambleas de 2020.

La guía El Gobierno Corporativo y los Inversores Institucionales recoge los grandes retos que las empresas afrontarán en la temporada de juntas del próximo año. Entre ellos, la adecuada renovación del consejo, considerada esencial para los inversores y proxy advisors (asesores de voto) como mecanismo para asegurar la contribución necesaria, desde distintos puntos de vista, a la toma de decisiones. Así, la cualificación y suficiente dedicación de los consejeros para el desempeño de sus funciones resulta clave para el buen gobierno.

Mayor diversidad

Los inversores institucionales demandan más diversidad en el consejo, entendida en sentido amplio, como conocimiento, habilidades, experiencia y origen geográfico, pero especialmente de género. Solo una adecuada combinación de perfiles en el consejo permitirá que las compañías puedan atender a la creciente complejidad a la que se enfrentan y enriquecer el proceso de toma de decisiones, señala el informe de Georgeson y Cuatrecasas.

Las compañías deben prever sus necesidades para determinar qué competencias y habilidades deben estar presentes en sus consejos y que los procesos de selección de nuevos miembros sirvan para cumplir esas necesidades. Tales previsiones deberían reflejarse en una matriz de competencias del consejo, una herramienta muy útil para los inversores, que continuarán demandando su existencia y, de ser posible, su divulgación.

En el ámbito de la retribución, los inversores siguen demandando una mejora de la información y transparencia de los pagos y el cumplimiento de objetivos.

Además del foco en la composición del consejo de administración, la temporada de juntas de 2020 vendrá marcada por una mayor preocupación de los inversores en los factores ESG (ambiental, social y de gobierno) a la hora de analizar sus inversiones y un aumento del activismo accionarial.

En 2009, los fondos activistas contaban con un capital disponible de 36.000 millones de dólares, una cifra que a principios de este año superaba los 126.000 millones de dólares, lo que augura un protagonismo todavía mayor del fenómeno del activismo accionarial. En el caso de España, según el estudio, el aumento de la participación de inversores institucionales extranjeros en el capital de las cotizadas y el hecho de que el valor de mercado de algunas compañías esté por debajo del real podrían contribuir a que los activistas se planteen operaciones en el mercado.

Nueva regulación

Entre los retos de los grupos cotizados de cara a las juntas del próximo ejercicio figuran, asimismo, los cambios regulatorios. España se sitúo a la vanguardia europea con la ley que trasladó la Directiva de información no financiera y diversidad, que entró en vigor a finales de 2018. La ley obliga a las sociedades a someter a la aprobación de los accionistas, como punto separado del orden del día, la información social, ambiental y de gobierno. En las juntas de 2019, la información no financiera del Ibex tuvo una aprobación media del 98,84%.

En las asambleas de 2020, el escrutinio de la información no financiera será mayor por parte de los inversores. Esto supondrá un mayor reto para las compañías, que deben adaptarse a los estándares de información, evitar la heterogeneidad en el uso de los datos y asumir metodologías de evaluación con amplio reconocimiento en el mercado.

Pero, además, está previsto a lo largo de este año la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas que, entre otros, amplía el nivel de detalle que tienen que incluir las compañías en sus políticas de retribuciones.

El plazo de transposición de esta Directiva finalizó en junio 2019. Según el actual Anteproyecto, la trasposición debería introducir cambios en la identificación de los accionistas, transmisión de la información y ejercicio de los derechos de voto, así como una mayor transparencia por parte de inversores institucionales, gestores de activos y proxy advisors.

Leave a comment

Back to Top