Urge una revisión global y eficaz de la fiscalidad de los gigantes de internet

5 DIAS, Opinión

El debate sobre la fiscalidad de los grandes gigantes de internet lleva tiempo sobre la mesa y no cesa de ganar fuerza. Tanto en la OCDE como en la Comisión Europea, pasando por algunas legislaciones nacionales, han surgido distintas propuestas con el fin de atajar la baja factura tributaria que abonan estas compañías, amparadas en una estrategia de optimización fiscal que resulta perfectamente legal, pero que no se corresponde con los ingresos y beneficios que obtienen por su actividad. En el caso de España, las filiales de Airbnb, Amazon, Apple, Google, HBO, Netflix, Microsoft, Facebook, Tripadvisor y Twitter obtuvieron en 2018 un volumen de ventas conjunto de 1.382 millones de euros, lo que supone un 37% más que el año anterior, y un beneficio neto de 45,55 millones, casi un 24% más que en 2017. Sin embargo, solo pagaron 29,5 millones de euros en impuestos, lo que constituye un 9,6% menos que en el ejercicio anterior.

La explicación en términos de técnica fiscal de estas ventajosas cifras no es excesivamente compleja. El propio modelo de negocio de estas compañías les permite optimizar los deberes con Hacienda, al establecer su sede en un país de fiscalidad ventajosa y tributar allí por el grueso de su actividad, mientras sus filiales se ocupan de partidas secundarias, como la publicidad o el marketing, en los distintos países en los que operan. Un modelo que resulta viable por la propia naturaleza de los bienes y servicios que integran la economía digital, que no precisan de fábricas, establecimientos o sedes físicas para llegar a los usuarios. Es precisamente ese extremo, y la competencia fiscal desleal que ello supone respecto a las empresas tradicionales, el que ha abierto el debate sobre la necesidad de revisar el marco tributario bajo el que actúan los gigantes de internet, creado para un perfil de actividad que no se corresponde con el impulsado por estas multinacionales.

El Gobierno de Pedro Sánchez abordó antes del fin de la última legislatura la creación de la denominada tasa Google, una iniciativa que el futuro Ejecutivo parece ahora dispuesto a retomar. La complejidad que entraña esta iniciativa es notable, hasta el punto de que incluso Bruselas decidió hace unos meses dejar congelada una propuesta europea a la espera de que se forjase una iniciativa global liderada por la OCDE, de la cual existe ya un borrador. España debe tomar parte de forma activa en esta iniciativa coordinada globalmente, que tiene muchas más posibilidades de resultar eficaz que la idea de impulsar una propuesta unilateral que no solo es técnicamente difícil, sino que puede redundar en un indeseado encarecimiento del precio de los productos y servicios de las empresas que utilizan las plataformas digitales en nuestro país.

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